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Aunque el gobernador de Jalisco insiste en que el Estado se encuentra bajo control en materia de seguridad, e incluso dio a conocer que ya se cuenta con un protocolo de prevención y atención a personas políticas que requieran protección, especialistas de la consultora Integralia compartieron su Primer Reporte de Violencia Política, en el cual se exhibe el “muy alto riesgo” en el que se encuentra la Entidad de cara a la elección del 2 de junio.
El informe explica que el crimen organizado se convirtió en el enemigo principal para quienes buscan participar en el proceso electoral, dado que el Cártel Nueva Generación mantiene el control en aproximadamente 80% de los municipios de la Entidad.
El documento indica el riesgo en aquellas zonas fronterizas con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, donde la organización criminal referida mantiene disputas con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Según el informe, el Cártel Nueva Generación buscará aprovechar las elecciones municipales para mantener su hegemonía en la zona central de la Entidad e imponerse en las fronteras mencionadas. Según se documentó, Jalisco tendría presencia de al menos 20 células delictivas ligadas a este cártel.
Ante esta situación, explica Integralia, los municipios “con alta competitividad electoral para el crimen organizado” son Encarnación de Díaz, Tonalá, El Arenal, Acatlán y Puerto Vallarta.
Van 32 víctimas de violencia político-electoral en México
Ayer se registró el asesinato de Alfredo Sánchez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, mientras se encontraba paseando por un parque cercano a su domicilio, el fraccionamiento Real de Caña, hasta donde llegaron varios sujetos armados quienes lo sorprendieron y le dispararon para después huir.
Colima es una de las Entidades consideradas como “de muy alto riesgo” de cara a las elecciones que se llevarán en México este 2024, de acuerdo con el Primer Reporte de Violencia Política presentado por Integralia Consultores.
Es precisamente a través de este informe que Integralia documentó un total de 21 eventos de violencia política a nivel nacional, que involucran a un total de 32 víctimas, hasta el pasado 7 de febrero a mediodía, incluyendo a funcionarios o aspirantes a algún cargo de elección popular, así como a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Del total de víctimas, en su mayoría se relacionaron con 11 casos de asesinatos (10 de funcionarios, o políticas y uno de periodista o defensor de los derechos humanos), seguido de seis casos de violencia de género, siete casos de secuestros, cinco atentados y tres casos de destrucción del patrimonio.
Integralia Consultores prevé que la tendencia de violencia se mantenga durante el resto del proceso electoral, dado que el crimen organizado podría estar interviniendo “como nunca antes” en las elecciones locales de 2024 “debido a la gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado”, así como a la proliferación de mercados ilícitos (además del narcotráfico) debido a que el crimen organizado se interesa en territorios en donde pueden hacer negocios muy rentables.
A ello, señaló el reporte, se suma también el debilitamiento del Estado de Derecho en las Entidades con mayor riesgo, pues esto coadyuva a que los criminales avancen y se instauren en territorios donde existe menor resistencia por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Alcaldías, principal blanco del crimen organizado
Desde que inició el proceso electoral en septiembre pasado han sido asesinadas al menos ocho aspirantes a cargos de elección popular, la mayoría de ellas, personas que contendían por presidencias municipales, como fue el caso de Jaime Vera, quien buscaba la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, y quien fue asesinado el pasado 1 de febrero en Zapopan, Jalisco.
Del total de los casos, contabilizados hasta el pasado día siete de este mes, dos de las personas estaban ligadas al partido de Morena, dos a Movimiento Ciudadano, una al PAN, una al PRI y una más al Partido Verde Ecologista de México, siendo este caso ocurrido en Jalisco el pasado 1 de febrero.
A partir de los hallazgos de este reporte, los especialistas de la consultoría han estimado que uno de los puntos por los cuales existe un mayor riesgo es debido a que el próximo 2 de junio se tendrá la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa, que será de mil 820 alcaldías, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto, a la par de las ya mencionadas necesidades de los criminales de tener un mayor dominio en zonas y regiones clave para sus operaciones, y por lo cual se prevé que el número de agresiones hacia puestos municipales continúe al alza.
RECUENTO
Políticos asesinados durante el proceso electoral 2024
- Ricardo Taja Ramírez, aspirante a alcalde de Acapulco por Morena en Guerrero.
- Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado local por el PAN en Morelos.
- David Rey Gonzáles, aspirante a alcalde de Suchiate por el PRI en Chiapas.
- Sergio Hueso, aspirante a alcalde de Armería por MC en Colima.
- Miriam Nohemí Ríos aspirante a una regiduría en el Ayuntamiento de Michoacán por MC.
- Samantha Gómez Fonseca aspirante a senadora por Morena en la Ciudad de México.
- Marcelino Ruíz aspirante a la alcaldía de Atlixcac, Guerrero, por el PRD.
- Jaime Vera Alanís aspirante a la alcaldía de Mascota, Jalisco, por el PVEM.
Fuente: Integralia Consultores
SEGÚN LABORATORIO ELECTORAL
En México, 16 aspirantes han sido asesinados
Al menos 16 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2 de junio próximo fueron asesinados entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, según un reporte publicado ayer por la organización Laboratorio Electoral.
El reporte indica que se han reportado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 32 son asesinatos de políticos (16 buscaban algún cargo en los comicios en marcha), 11 atentados, cuatro secuestros o desapariciones y dos casos de amenaza grave. “Hemos registrado 33 casos de personas asesinadas directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares”, explica el informe.
De esos 32, al menos 16 personas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público en las elecciones de 2024, la mayoría (cinco) del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En tanto, cuatro de los asesinados militaban en el opositor Partido Acción Nacional (PAN), tres en Movimiento Ciudadano (MC), dos en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno del Revolucionario Institucional (PRI).
El reporte puntualiza que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 estados del país, con Guerrero (ocho) como el estado con mayor incidencia por violencia electoral registrada, seguido de Veracruz (cinco) y Michoacán (cinco). La agencia explica en su reporte que, en los comicios de 2018, se reportaron 145 víctimas mortales durante el proceso electoral, y en 2021 se sumaron 88 homicidios.
Además, indica que, como ocurrió en 2018 y 2021, la violencia se enfoca en el nivel municipal, pues 13 de las 16 personas aspirantes asesinadas buscaban ser candidatas a una presidencia municipal.
CLAVES
Formas en las que puede incidir el narco
Ejemplos. De acuerdo con el reporte de esta consultora, existen al menos cinco mecanismos, muchas veces complementarios, a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones:
Violencia. Amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o eliminarlos. Es el mecanismo más visible.
Financiamiento. Aportación de recursos económicos para costear las campañas de sus candidatos.
Imposición. Injerencia en el proceso de definición de candidatos al interior de los partidos políticos para postular a personas vinculadas con los grupos criminales.
Movilización. Entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población, para incrementar o disminuir la votación para beneficiar a candidatos vinculados con grupos criminales.
Intervención. Destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral, para beneficiar a candidatos vinculados a grupos criminales.
Instituciones incapaces para hacer frente a la violencia
Para Integralia Consultores, a cargo de la publicación del Primer Reporte de Violencia Política, aunque es posible reducir los riesgos de violencia político-electoral para funcionarios públicos, aspirantes y partidos políticos en el mediano plazo, en la actualidad las autoridades electorales, las instituciones de seguridad pública y los tribunales judiciales carecen de las capacidades para frenar significativamente la intervención del crimen organizado en las elecciones.
“Si la inercia se mantiene, en los siguientes años incrementará la incidencia delictiva de alto impacto social, incluyendo la extorsión y el cobro de piso y habrá más territorios en donde los grupos criminales controlen las economías locales, así como toda clase de actividades políticas y sociales”, señaló el informe publicado.
Por ello, consideró la consultoría, en busca de poder recuperar la soberanía de sus territorios, los tres niveles de Gobierno deben reconocer que el crimen organizado ya manda en varios territorios e incluir dicho problema, en esos términos, dentro de sus agendas.
“De este modo, podrán formularse leyes, instituciones, programas, acciones y otros instrumentos necesarios para afrontarlo. El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de combatir a los grupos criminales con eficacia, no sólo a través de la fuerza militar, sino también cortando todas sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándole sus bases sociales”, señaló el reporte.
Por último, indicaron los especialistas a través de este informe, y aunque pareciera casi imposible, las autoridades deben desalentar la intervención del crimen organizado en las elecciones, para lo cual se requiere flexibilizar la carga de la prueba de anulación de elecciones, de tal forma que todo indicio de intervención del crimen, en cualquiera de sus modalidades, derive en una investigación de oficio de las autoridades electorales que sirva de prueba para anular el proceso antes o después de la elección.
TELÓN DE FONDO
“Candidatos no han solicitado protección”: Sánchez Beruben
El coordinador del gabinete de seguridad del Gobierno del Estado, Ricardo Sánchez Beruben, aseguró que hasta el momento ningún precandidato o candidato ha solicitado protección especial. “De momento no se ha acercado ningún otro precandidato a solicitar ningún tipo de protección”, afirmó Ricardo Sánchez Beruben.
El funcionario estatal explicó que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Seguridad se generó un protocolo por conducto de la Secretaría General de Gobierno, el cual ya se expuso a los dirigentes partidistas y precandidatos.
Aseguró que en el caso del precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jaime Vera, quien fue asesinado en Zapopan la semana pasada, por el momento las líneas de investigación arrojan que no tiene un móvil electoral, aunque es de carácter preliminar.
Asimismo, informó que se está reforzando la seguridad en las zonas fronterizas de Jalisco con Zacatecas y Michoacán por la violencia que podría generarse por el tema de las elecciones del próximo 2 de junio. “Sabemos que están trabajando en la zona norte con Zacatecas y otra en la zona sur en la frontera con Michoacán y que han establecido una mesa de trabajo por parte de la Secretaría General de Gobierno para darle seguimiento”, dijo.
“También han tenido atención para los que pudieran considerar por temas electorales y posteriormente vendrán seguimiento con los dirigentes partidistas”, añadió Sánchez Beruben.
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