Elecciones: Las elecciones y los retos por venir para las autoridades electorales

Análisis
Marcos del Rosario Rodríguez / Director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO

Con la creación del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) en el año 1990, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), se instauró un sistema electoral solvente y eficaz, en el que la organización y validación de las elecciones pasa por la ciudadanía. Se debe recordar que anteriormente era el propio Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, quien asumía la función de llevar a cabo los comicios a nivel federal, y la Cámara de Diputados era la encargada de validar los resultados electorales.

Nuestro sistema electoral es el producto de una desconfianza pública emanada de las elecciones fraudulentas de 1988, en las que la voluntad del electorado sucumbió ante los intereses del entonces partido hegemónico. Por ello, para evitar que los intereses políticos determinaran el destino democrático de nuestro país, es que se pensó en crear un órgano dotado de autonomía plena para que su actuar fuera objetivo e independiente, y de esta forma garantizar la expresión de la ciudadanía.

Posteriormente, en el año de 1993 se fortaleció el sistema electoral con la creación del Tribunal Federal Electoral, que a la postre, en 1996, se transformaría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano jurisdiccional con facultades constitucionales diseñado para hacer valer los resultados emitidos en las urnas y proteger los derechos políticos de la ciudadanía.  

El INE junto con el TEPJF, a lo largo de su existencia, han sido piezas fundamentales en la construcción de nuestra Democracia Constitucional. En buena medida la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; los derechos de las comunidades indígenas, de los grupos en situación de vulnerabilidad y otros derechos de índole político, se han fortalecido de forma progresiva con la acción de estos órganos. Lo cual no implica que no existan aspectos que deban ser reformados en aras de mejorar su funcionalidad y de que respondan de mejor forma a las necesidades ciudadanas.

Bajo este modelo, desde su creación, el INE ha organizado más de 330 elecciones de distintas dimensiones y alcances. Sin embargo, los comicios de 2024, a diferencia de los anteriores, serán los más grandes y complejos en la historia de nuestro país, toda vez que se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular, 19 mil 746 cargos locales y 629 federales, incluyendo la Presidencia de la República.

Además de lo anterior, las autoridades electorales, incluyendo las locales, tendrán que enfrentar otros retos que, de no ser solventados oportunamente, pueden poner en riesgo la vigencia de los principios constitucionales y los derechos políticos de la ciudadanía.

Entre estos desafíos se encuentra la utilización de recursos públicos por parte del Titular del Poder Ejecutivo, particularmente en el espacio denominado “la mañanera”, en el cual no sólo ha dispuesto de forma ilícita de tiempos anticipados de precampaña y campaña, sino que se ha utilizado la propaganda gubernamental que le corresponde como Presidente de la República para construir la plataforma política de la candidatura de Morena, garantizando con ello un posicionamiento entre los militantes y simpatizantes de dicho partido gracias a los recursos públicos que tiene el Gobierno federal, lo cual pone en riesgo la equidad de la contienda electoral. Lo anterior ha ocurrido pese a los esfuerzos tanto del INE como del TEPJF, cuyos resolutivos han buscado erradicar esas conductas.

Otro problema por dilucidar es lo concerniente al financiamiento público y privado que reciban los candidatos y partidos políticos durante las precampañas y campañas, los cuales deben estar bajo los límites establecidos para evitar inequidades en el proceso.

En lo correspondiente al financiamiento público, que deberá ser un 70% del total de las aportaciones recibidas, se tiene que llevar a cabo una labor de fiscalización adecuada por parte del INE para que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, es decir, que tengan un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En consecuencia, dichos apoyos no pueden ser orientados para favorecer o condicionar el voto a favor o en contra de un candidato o partido determinado.

De igual maneral, en lo que respecta al financiamiento privado, que será del 30% del total de los recursos recibidos, se tiene que poner un énfasis adicional con el objetivo de identificar aquellas aportaciones que puedan provenir del crimen organizado, las cuales invalidarían cualquier candidatura o resultado del proceso electoral.

Pese a que los problemas referidos son relevantes, sin duda el conflicto más complejo para todas las autoridades en las próximas elecciones es lo relativo a la violencia creciente e incontenible que azota a buena parte del territorio nacional, así como la presencia e influencia cada vez más acentuada de grupos del crimen organizado, quienes en cientos de comunidades a lo largo del país designan de forma impositiva a las y los candidatos que contenderán en los comicios.

Además de lo anterior, mediciones recientes indican que, en al menos nueve entidades de la República mexicana, la presencia y el dominio de los grupos del crimen organizado es tal, que existe un temor fundado de que durante la jornada electoral se impida al electorado ejercer su derecho al voto de forma libre y pacífica, y sea obligado a votar en un sentido determinado conforme a los intereses de los grupos delincuenciales.

En este contexto existe un riesgo latente de que las elecciones no puedan celebrarse en algunos distritos electorales y municipios del país, con lo cual se podría estar en supuestos de nulidades de elección.

Recientemente, las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF manifestaron su preocupación por la influencia del crimen organizado en las próximas elecciones, problemática que debe reconocerse y atenderse antes de que pueda llegar a tomar control desde la Presidencia de la República.

Este reto demanda una coordinación eficiente entre las autoridades electorales y de seguridad pública, ya que, como se señaló, si no se dispone de protocolos adecuados será muy probable que el libre ejercicio del derecho al voto, y en consecuencia la voluntad del electorado, se vea afectado sensiblemente.

Hoy más que nunca la ciudadanía debe ser consciente de que sólo saliendo a votar, denunciando conductas irregulares, y haciendo valer las libertades y los derechos políticos de toda la ciudadanía, se podrá preservar nuestra democracia, que tanto ha costado forjar.

CT